Deniegan el único ingreso de 358 euros a una mujer trasplantada tres veces de riñón

En la mesa del comedor de la casa de Teresa Cantalapiedra, una vivienda pública en Parque Alameda, comienzan a acumularse recibos pendientes de abonar y avisos de corte de luz. Entre los débitos, destaca uno: la factura de una de las farmacias del barrio, que asciende a 198 euros. «Conocen a mi madre desde hace mucho tiempo, saben cómo estamos económicamente y nos permiten ir pagando poco a poco, un día 20 euros, otro diez y así tiramos», agradece su hija Seira. Esa cantidad es la que, cada quince días aproximadamente, tienen que desembolsar para adquirir una batería de fármacos que permiten a su madre seguir con vida. Un vistazo a su pastillero semanal, atiborrado de cápsulas de todos los colores y formas, da idea de la hiperdependencia de esta mujer a la química médica para mantenerse en este mundo.

Trasplantada tres veces de riñón –1991, 1998 y 2016– , operada de un ictus hemorrágico en 2012, y con continuos ingresos hospitalarios por crisis epilépticas, según se recoge en un historial clínico interminable, hasta el pasado mes de julio su incapacidad reconocida del 81% le libraba de este gasto en la botica y le aportaba 358 euros al mes de una pensión no contributiva, su único ingreso.

Esa condición invalidante la ostentaba desde 1990, cuando el Ministerio de Asuntos Sociales se la concedió de forma definitiva. Un año antes, en el parto de su hija María, la pequeña de la casa, a Teresa –Maite para los suyos– le detectaron una insuficiencia renal avanzada. Desde entonces, su paisaje cotidiano pasó del hogar y el cuidado de los chicos a los quirófanos, las consultas de los especialistas y las camas de los hospitales. «Los médicos y las enfermeras del Río Hortega, que ya le conocen, no saben cómo sigue adelante; otra persona, con todo lo que ha sufrido ella, ya no estaría aquí», subrayan. Pero María Teresa, que el pasado lunes cumplió 58 años, es una mujer fuerte, una superviviente que ha sorteado decenas de veces a la muerte.

Sin embargo, la vida está jalonada de rejonazos. El último «de los que indignan», según recalca su yerno, Jesús Benito. La Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha decidido retirarle la pensión tras el dictamen del equipo de valoración y orientación del Centro Base de Valladolid. En el análisis de su situación rebajan su grado total de discapacidad al 52%. Consecuencia: adiós a los 358 euros mensuales y a la gratuidad de los fármacos. «¿Pero es que no ven cómo está y toda la medicación que tiene que tomar?», se pregunta. Hasta el momento no ha habido manera de que la familia de Teresa haya podido revertir el desastre, que cada día se complica con una nueva patología, entre las últimas: la diabetes. «En el centro base de Rondilla nos han dado la razón, la asistenta social, también; pero en la calle Dos de Mayo, donde hemos ido a reclamar, erre que erre con que no le corresponde», lamentan.

Con una carpeta cargada de informes médicos y resoluciones de la Administración –de antes y de ahora–, Jesús no entiende una decisión que deja a su suegra desvalida económicamente y que pone aún más en riesgo su salud, según destaca. «Por la casa tiene que pagar 330 euros al mes, en medicamentos ahora casi doscientos cada quince días y a eso súmale la luz, el agua, la comunidad, comer…», enumera agobiado.

Si ya la ayudaban antes, ahora los tres hijos, dos de ellos en paro, hacen encaje de bolillos para ir saldando unas deudas que se acumulan en todos los frentes. «Los hermanos tenemos un chat en WhatsApp, cuando llega un recibo, dependiendo de cómo andemos cada uno, nos los repartimos, pero nosotros vamos más que justos de dinero», reconocen. Los hijos también comparten el cuidado diario. Cada noche uno duerme en casa de Teresa, porque los ataques epilépticos, aseguran, la dejan inconsciente y hay que volar al hospital. La familia de Maite tiene práctica. Son treinta años de viajes a Valdecilla (Santander) para las operaciones de trasplante y las revisiones, cientos de visitas a los especialistas en Nefrología y Neurología, decenas de ingresos, muchas rutas en ambulancia. Aunque a eso nadie se acostumbra, les causa más pesar todavía la insensibilidad de la Administración en este caso. Por eso recurrirán donde haga falta para que se haga justicia y su madre, a la que la salud ya ha dado suficientes varapalos, pueda vivir con cierta tranquilidad. «¿Se puede dejar a una persona que ha sufrido tanto sin el único ingreso que tenía y teniendo que pagarse las medicinas?», claman sus hijos. Ellos tienen claro. Sería una «barbaridad».

Fuente: El Norte de Castilla