El Supremo confirma la legalidad del vertedero de Santovenia tras 15 años

El Tribunal Supremo ha dado el carpetazo definitivo a uno de los procedimientos mediambientales y urbanísticos de la provincia de Valladolid, cuya actividad, iniciada a principios de los años 90, ha sido cuestionada por los grupos ecologistas y algunas formaciones políticas.

El Centro de Tratamiento de Residuos Industriales de Santovenia de Pisuerga puede, desde ahora, y si no se producen denuncias futuras sobre su actividad diaria, continuar recibiendo y tratando miles de toneladas procedentes de empresas de dentro y fuera de la comunidad autónoma. En una sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo, el Alto Tribunal estatal ha desestimado el recurso interpuesto por la Federación de Ecologistas en Acción en 2016 contra el decreto de la Junta de Castilla y León, que en enero del 2015 aprobó el proyecto Regional del Centro de Eliminación de Residuos, considerados como peligrosos.

Los seis jueces del Supremo, que condenan a Ecologistas al pago de las costas en una cantidad máxima de 3.000 euros, confirman la sentencia que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León dictó en junio del 2016, declarando la legalidad del vertedero después de que la Junta y las Cortes regionales promulgaran una ley para legalizar esta actividad.

En el procedimiento, en el que también ha sido parte la mercantil Centro de Transferencias S. A. (Cetransa), el Supremo reconoce que las instalaciones venían funcionado durante más de 20 años, y que la planta ha contado con sendas declaraciones de impacto ambiental (una en 1991, y otra en agosto del 2008).

Después de rechazar falta de valoración de la prueba por parte de los jueces del TSJ, el Supremo cuestiona varios de los argumentos de los ecologistas. Entre ellos, el riesgo que suponía tener una instalación de estas características junto al campo de maniobras y de tiro que el Ejército de Tierra tiene cerca del vertedero.

Precisamente, Cetransa adquirió parte de las fincas al Ministerio de Defensa para proceder a la ampliación de las instalaciones que supuestamente incumplirían los 2.000 metros de distancia dispuestos por la normativa de seguridad.

La Sala, al valorar la prueba, toma en consideración lo expuesto en un informe del 25 de noviembre del 2014 por Defensa, en donde se aseguraba que el proyecto «no afectaba a la infraestructura ni a las zonas de seguridad de las unidades del Ejército».

Utilidad pública

Con el recurso de Ecologistas en Acción se pretendía declarar nulo el proyecto regional del Centro de Tratamiento de Santovenia, unas instalaciones que la Junta consideraron en 2015 «de utilidad pública, e interés social para la comunidad».

Aunque en el año 1997 y 2011 la Sala del TSJ declaró nulas las licencias de obras y de actividad, y posteriormente el Tribunal Constitucional en 2013 declaró parte de la ley del 2002 de la Junta inconstitucional y nula, los magistrados regionales modificaron su valoración respecto a la planta de Cetransa por los informes favorables de impacto ambiental de agosto de 2008.

El Supremo asume, de este modo, las valoraciones de utiliza pública del proyecto aprobado por las Cortes regionales, en julio del 2002, que consideraron la necesidad de disponer de un centro de tratamiento de residuos industriales «para cumplir con las exigencias legales de reducción de los mismos que las empresas deben de cumplir (más de 6.000 de Castilla yLeón, que dan trabajo a más de 80.000 personas».

Finalmente, los magistrados aceptan dos informes favorables elaborados por la Confederación Hidrográfica del Duero, en el sentido de que el depósito de los residuos «no afecta a las aguas subterráneas ni superficiales, por lo que no se encuentra inconveniente en su aprobación».

En este fallo figuran además informes favorables elaborados por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), un organismo público de análisis de ingeniería civil y medioambiental.

Por último, desde el Alto Tribunal se da la razón a los jueces regionales sobre el análisis de las pruebas, además de sostener el interés público del centro. «En el presente caso no existe un actuar judicial que pueda merecer la calificación de arbitrario», dicen.

Fuente: El Norte de Castilla